#ElPerúQueQueremos

Fuente: Aldo Panfichi Bolg

CONFLICTOS SOCIALES: UNA MIRADA A LOS PLANES DE GOBIERNO

Elecciones generales en el Perú

Publicado: 2016-01-14


La publicación en línea de los 19 planes de gobierno es útil para los que se dan el trabajo de leerlos, analizarlos y hacer comparaciones que permitan realizar un voto informado. Sin embargo, considerando que son muy pocos quienes lo hacen me tomé la molestia de hacer la tarea por ellos aunque claro está en un tema puntual Los Conflictos Sociales, espero que otras personas hagan algo parecido en los demás temas.

Lo primero que habría que decir es que resulta inaudito que a estas alturas no exista un formato único para la presentación de los Planes de Gobierno, cada partido presenta la estructura que quiere, de la forma que quiere, los temas que quiere, con índice o sin índice, etc., de tal forma que se complica la tarea de encontrar las propuestas en los temas que se buscan, esperemos que ello se resuelva para las elecciones siguientes, es algo muy sencillo.

Entrando en materia, no todos los planes tienen propuestas explícitas al tema de los conflictos sociales, algunos sí lo tienen, otros solo bordean la problemática y algunos lanzan frases generales válidas para todo.

Lo primero que llama la atención es la extrema coincidencia entre Fuerza Popular de Keiko y PPK (¿mismos asesores?), ambos plantean desde el Estado la creación del Sistema Nacional de Prevención de Conflictos, que consiste en fortalecer y ampliar las competencias de la actual Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. En ese sentido la propuesta de PPK está más desarrollada y detallada (Seguimiento del Estado de las grandes inversiones, Implementación adelantada de la inversión social en infraestructura, Acción coordinada y multisectorial, Alerta temprana de causales de conflicto, Acción firme del Estado contra los responsables de los desórdenes públicos). Keiko plantea adicionalmente al Sistema en mención la necesidad de fortalecer la gestión y el rol de los organismos de fiscalización ambiental e implementar los mecanismos de consulta previa, no mencionados explícitamente en la propuesta de PPK, así como “el establecer un marco normativo que posibilite a las empresas extractivas ofrecer a las comunidades alternativas de participación en el accionariado de la empresa, así como, la conformación de núcleos ejecutores para la adquisición de bienes y servicios a favor de la comunidad”. Acuña de Alianza para el Progreso plantea un diálogo permanente de gestión preventiva pero no menciona en qué forma se traducirá. En cuanto al diálogo la Alianza Popular de García – Lourdes propone que sean los Consejos de Cuenca el espacio de debate político para la aprobación de las obras de alcance nacional, dentro del marco de una efectiva descentralización, asimismo plantean una reorientación del uso del canon y la constitución de fondos de fideicomiso regionales para infraestructura que permitan el uso de recursos a cuenta de ingresos futuros, similar a lo que propone PPK pero de una manera menos articulada. El Partido Nacionalista menciona la importancia de creación de confianza y convivencia armoniosa entre la población y el sector empresarial (tarea difícil para quienes justamente generaron lo contrario), proponen reforzar la Defensoría del Pueblo e igualmente (como PPK y Keiko) la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, aun cuando no dan detalles al respecto. Dentro de este grupo de partidos que encajarían dentro de lo que se denomina de derecha en sus variantes liberales y conservadoras están Perú Nación de Pancho Diez-Canseco que prefiere soslayar el tema señalando generalidades como Promover adecuados mecanismos de consulta a la población (¿qué debemos entender por adecuados?) y Respetar de manera irrestricta las propiedades de las comunidades campesinas (entendemos que las individuales y colectivas). Finalmente en este grupo se encuentra el Partido Orden de Antero Flores-Araoz quien plantea un trabajo conjunto y coordinado del sector público y privado con un incremento sustantivo de la inversión pública en salud y educación como métodos persuasivos junto a un nuevo direccionamiento en las utilidades de las empresas mineras […] para asegurar a la población minera una correcta participación económica de la actividad minera que se realiza en su territorio. “Pero si a pesar de estas maniobras preventivas ocurre, como suele suceder, que algunos obstinados intenten realizar reclamos violentos, la sociedad debe estar preparada para defenderse. La policía nacional debe estar entrenada y dispuesta para la acción con equipos, instalaciones y efectivos debidamente entrenados para hacer prevalecer la ley y el orden, habiendo realizado previamente una acción de inteligencia para determinar a las posibles personas opuestas al proyecto y conocer sus razones; Estas actividades deben ser lideradas por el Estado y apoyadas por el sector privado empresarial”. , bastante claro el orden que plantea Orden.

En un segundo grupo que a priori se podría denominar de centro, Perú Posible plantea la inversión directa de parte de las empresas en las comunidades de origen del recurso natural sin intermediarios de los gobiernos subnacionales (¿y sin al menos coordinación con ellos?), el mecanismo planteado es el de conformación de comisiones de trabajo con participación de la comunidad y mineros para diseñar planes de desarrollo, con incentivos, régimen tributario especial y plazos razonables en lugares con alta incidencia de minería informal y artesanal. Por su parte Acción Popular de Alfredo Barnechea plantea utilizar el Acuerdo Nacional para iniciar un diálogo para construir una visión compartida de la actividad extractiva, dicho diálogo tiene que realizarse entre los principales actores: Autoridades, ONGs, Comunidades Campesinas y empresas (con la velocidad de instituciones como el Acuerdo Nacional, diríamos, ¿Y mientras tanto qué?). En el caso de Todos por el Perú de Julio Guzmán la propuesta central es que “se debe facilitar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada para contar con planes de desarrollo para las zonas de influencia de los principales proyectos. De esta manera el Estado debe ser el actor clave que articula el desarrollo de los proyectos mineros con el desarrollo de las zonas de influencia”. Guzmán al igual que Toledo apuestan correctamente por los Planes de Desarrollo en las Comunidades, que es un paso previo a cualquier obra o proyecto de inversión que se quiera realizar en dichos lugares, sin embargo Toledo plantea una coordinación directa empresa-comunidades con el Estado como apoyo en incentivos tributarios, mientras que Guzmán plantea más bien una coordinación entre el Estado y las comunidades en el proceso de desarrollo local y las empresas dedicadas a la gestión de sus proyectos extractivos pero con mayores estándares ambientales y sociales. El caso del Partido Humanista y el de Solidaridad Nacional es particular ya que el candidato de este último fue pre candidato del primero semanas atrás, de ahí que las propuestas sean las mismas: Reforma constitucional para reconocer la propiedad del subsuelo a las personas o colectividades propietarias de la superficie en zonas de recursos no renovables probables, Ley de gestión compartida Municipios – Sociedad Civil Organizada de los recursos del canon obtenidos por los territorios locales donde se asienta el recurso no renovable, y monitoreo comunitario de impactos ambientales y control difuso de sus efectos, a lo que agrega la propuesta de Yehude Simon de la creación de Fondos de Resarcimiento Anticipado de Daños Ambientales en proyectos extractivos. Lo nuevo de estas propuestas últimas es lo de la propiedad del subsuelo y mencionar explícitamente la necesidad del monitoreo comunitario. El Frente Esperanza de Fernando Olivera solo menciona que “La viabilidad de los grandes proyectos mineros en espera y los que se presenten en el futuro deben llevarse adelante bajo otros criterios de comunicación por parte del Estado, las empresas mineras, la población local, los medios de comunicación, la Iglesia y las universidades”, la pregunta es, ¿a qué se refiere con otros criterios?. Felipe Castillo de Siempre Unidos cae en generalidades de que los proyectos mineros deben contar con el consenso de las poblaciones aledañas y que se garantice un impacto ambiental positivo, así como una reformulación del Canon garantizando una distribución equitativa. Miguel Hilario de Progresando Perú también está en la lógica de la distribución del Canon a nivel de comunidades (con criterios de proporcionalidad según población y reservas probadas) pero destinados a proyectos de inversión pública de desarrollo social, asimismo plantea cambios legislativos para que las comunidades sean accionistas en inversiones mineras, algo que también propone el Partido Orden y Fuerza Popular.

Un tercer bloque es el que puede denominarse como de las fuerzas políticas de izquierda, aquí las propuestas en relación con los conflictos sociales pasan por frases generales como la “Promoción de la participación concertada” (Democracia Directa de Gregorio Santos) y la “Autonomía real de las regiones” (Perú Libertario de Vladimir Cerrón). En el caso del Frente Amplio (Verónica Mendoza) la incidencia se da completamente por las exigencias a las empresas en el cumplimiento de un desempeño ambiental con altos índices de calidad, que las concesiones y autorizaciones de proyectos cuenten con ZEE, EAE y Gestión de riesgos, cumplimiento de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Perú en materia ambiental, así como una sensibilización a la ciudadanía en la vigilancia y fiscalización de la implementación de estos compromisos; el Estado cumpliendo un rol de vigilancia y fiscalización.

A manera de resumen, con las limitaciones que un análisis parcial tiene, y a partir de las propuestas presentadas se puede decir que en los próximos cinco años el gobierno debe generar una institucionalidad fuerte que marque la pauta y los lineamientos en cuanto al desarrollo local de las comunidades con proyectos de la industria extractiva, y si bien el rol del Estado (debidamente coordinado en sus tres niveles) es el de liderar el proceso debe ser en estrecha coordinación con las comunidades y el sector privado asentado en la zona (sugiero una Política Nacional de Desarrollo de las comunidades). El sector privado no puede ser un convidado de piedra en el desarrollo de su área de influencia, y no basta con cumplir (aprobar con 11) las exigencias en materia ambiental y social para el desarrollo de sus proyectos (lección aprendida con Conga), sino que ahora deberá involucrarse activamente en el proceso a través del apoyo en el diseño e implementación de los planes de desarrollo de las comunidades (sugerencia: Una política e institucionalidad para la inversión social pública y privada). Junto a ello está la necesidad de revisar exhaustiva y de manera crítica toda la legislación y exigencias en materia social y ambiental que deben cumplir las empresas para obtener la autorización a explorar y explotar, con el fortalecimiento de las instancias competentes, ya que no solo se trata de quién evalúa y quién aprueba sino qué se evalúa y qué se aprueba, aquí se podrían incluir el estudio técnico de que las comunidades tengan participación en las acciones de la empresa, el de la propiedad del subsuelo, y el de la reestructuración del Canon. Finalmente, las coordinaciones estrechas entre Estado-Sector privado-Comunidades no estarían completas sin la existencia del rol de vigilancia social o monitoreo comunitario que complemente el monitoreo técnico de las empresas y el del propio Estado. Harto trabajo.


Escrito por

Carlos Figueroa Asencios

Máster en Investigación para el Desarrollo Universidad Complutense de Madrid. Economía PUCP. Gerencia del Desarrollo JPAL, INDES. Docente UP


Publicado en

La riqueza de las pasiones

Artículos de opinión sobre Economía, Política Social, Desarrollo y Medio Ambiente. Economista de la PUCP, amante de la música y la natación.