Ante la sola idea de discutir la posibilidad de que las comunidades en donde hay proyectos mineros sean partícipes de un porcentaje del accionariado, parte del sector empresarial minero -probablemente el más conservador-ha puesto el grito al cielo, señalando que se trata de una propuesta jalada de los cabellos y un retorno al velascato.

Si se entiende que se trata de replicar hoy lo que sucedió en el gobierno militar de Velasco Alvarado, la rabieta de cierto sector empresarial podría en general tener algo de sentido. Durante ese régimen militar de corte nacionalista se optaron por varios mecanismos para darle a los trabajadores participación en la propiedad de las empresas, uno de ellos fue lo que se conoció en ese entonces como Comunidad Industrial que dicho sea de paso se trataba de acciones distintas a las de los inversionistas, de menor valor pero con derecho a utilidades. Era el mecanismo por el cual el velascato entendía una mejor manera de distribución de la riqueza, del capital, etc. Ocurrió hace 45 años, en un mundo distinto, en un Perú distinto y por razones distintas.

Plantear que lo ocurrido hace mas de cuatro décadas es lo que se plantea ahora y sólo para el caso minero - o incluso para la industria extractiva - sí es algo jalado de los cabellos, sería un retorno al pasado y a un modelo que no tendría mucho sentido en la actualidad, además que excluyente. Sin embargo, el planteamiento hoy (aunque viene de varios años) tiene una lógica distinta y una raíz diferente. En estos momentos son muy pocas las comunidades que aceptan la minería en el Perú debido a que el saldo neto ha sido negativo, lo que han recibido es casi nada con respecto a la riqueza salida de sus tierras, a costa además de la manera en que han quedado las mismas. Negarlo, con el argumento de que ellas no son dueñas del subsuelo, o que se malgastaron o desviaron los recursos, etc, es querer tapar el sol con un dedo, ya que finalmente ninguna comunidad se ha visto favorecida de manera importante con el paso de las empresas mineras, alguna mejora coyuntural ha habido y nada más, a pesar que se tuvieron y tienen los recursos para un desarrollo importante, ¿Porqué fue y es así es parte del análisis pendiente?. 

Ahora bien, dado que el reto está en que haya minería en el Perú y que siga siendo una de las actividades económicas principales en el país (decir No a la minería es un facilismo irreal para la tribuna), ello requiere que sea aceptada por las comunidades donde se asientan los proyectos mineros (generalmente población agrícola y ganadera, cuya agua de río es parte fundamental de su vida y ecosistema). En ese sentido hay mucho que trabajar, mucho por hacer, el tema ambiental es crucial, las condiciones sociales y económicas exigidas para la exploración y explotación deben ser mucho más exigentes y sujetas a monitoreo y supervisión técnica y comunitaria permanente, entre otras cosas. 

Con el reto por delante, el rol del Estado y de las empresas debe cambiar, y estas últimas muy modernas en tecnología para la producción tienen que cambiar su chip muy antiguo de mirar desde arriba a las comunidades, de sentirse superiores, ello no conecta, no funciona, el mundo ya cambió. Una manera de enfrentar la situación es entender de una buena vez que las comunidades son sus socios estratégicos, que la convivencia pacifica pasa por entender que Estado, empresas y comunidades son aliados del desarrollo local de esas poblaciones y que deben trabajar de manera conjunta y coordinada, les guste o no. Es en este contexto que plantear que las comunidades tengan participación societaria en el proyecto (con un porcentaje por discutir técnicamente) tiene mucho sentido, se trata que las comunidades participen de los beneficios del proyecto, que se les incorpore al proceso, que sean tomados en cuenta en algo que está sucediendo en sus tierras y transformado su hábitat, ello contribuirá además en la disminución de conflictos dado que nadie irá en contra de sus propios intereses. Otras voces en contra dicen más bien que es una propuesta muy moderna ya que las comunidades no están preparadas para ser empresarios. Y no se trata que lo sean, se trata de ser parte de los beneficios de un proyecto que sucederá en sus tierras por décadas, no se trata de enriquecerse sino del desarrollo comunal (algo que De Soto no procesa).

Un punto aparte pero relacionado a lo anterior, toda inversión social y económica en las comunidades, y con ello incluyo las ganancias que las mismas obtengan por sus acciones deberían ser empleadas dentro de un Plan de Desarrollo de la comunidad, no para otros fines, evitando así errores pasados. Todo ello debería institucionalizarse y legislarse de la mejor forma luego de una discusión técnica con representantes de todas las partes involucradas. La mesas de diálogo, mejorar el diálogo y todo lo que se viene haciendo no ha dado resultado alguno, y si no ha dado resultado se debe cambiar. Aquí hay una propuesta que seguro no va a gustar a un sector de los mineros ni a los antimineros radicales, escuchemos a las comunidades y a sus verdaderos representantes.