El 29 de diciembre de 2005 se creó la Dirección General de Gestión Social del MINEM. Que sería el “órgano técnico encargado de la promoción de relaciones armoniosas entre las empres as mineras y la sociedad civil, así como de la prevención y solución de conflictos en el subsector” (DS N° 066-2005-EM). Poco tiempo después se convirtió en Oficina General de Gestión Social (OGGS).

Sin embargo, no solo le bajaron de rango y con ello recursos, sino que le ampliaron su ámbito a los subsectores hidrocarburos y electricidad. Diez años después la OGGS es solo un remedo de la idea para la que fue creada y ha venido a menos año tras año, tanto por incapacidad en la gestión de quienes estuvieron a su cargo como por el poco apoyo e importancia que recibían de la Alta Dirección del MINEM (o de más arriba).

Ahora la OGGS es solo una oficina casi prescindible que aparece siempre tarde (cuando aparece) y cuando un conflicto estalló, siendo su rol el de dar pase a la PCM para que se encargue de lo que sigue, de prevención (más allá del discurso) no hay nada y la promoción de relaciones armoniosas parece que nunca entendieron de qué se trataba.

Es el momento de revertir esta situación y que se dé impulso a la Gestión Social del MINEM y por tanto del Gobierno, regresando a sus raíces mineras y dando dos pasos adelante convirtiéndola en Viceministerio de Gestión Social (VMGS) con las competencias y recursos (humanos y financieros) que ello requiere y que marque la pauta de la política e inversión social minera. Una oficina dentro del VMGS se encargaría del manejo de conflictos, pero más que nada de apoyo y coordinación con otros sectores, ya que el énfasis del VMGS sería el trabajo de largo plazo, del desarrollo local en áreas de los proyectos mineros, en el trabajo conjunto con las empresas y las comunidades, en buena cuenta en la prevención, y en la promoción de relaciones armoniosas o convivencia pacífica.

Una propuesta mayor y debidamente sustentada de lo expuesto anteriormente debería ser liderada por el propio MINEM, y discutida no solo en el Congreso de la República (que ocupa su tiempo casi exclusivamente en comisiones investigadoras de temas de corrupción) sino también en el Acuerdo Nacional para que sea algo que trascienda a los gobiernos de turno y se convierta en una política de Estado. No obstante, esta adecuación del Estado debería tener su contraparte en las propias empresas mineras en donde siguen las pugnas o rencillas internas (según el caso) entre las oficinas de Relaciones Comunitarias y las de Desarrollo Social, la modernización del sector y de las relaciones entre los actores lo requiere si se pretende darle sostenibilidad social a la actividad.